• Juan Manuel Ospina.

La verdad sobre la guerra será resultado de un complejo proceso


Llegar a desentrañar la verdad sobre un proceso tan prolongado y retorcido como ha sido el del conflicto armado colombiano, será igualmente largo y por momentos enrevesado. Pensar que toda la verdad saldrá de un plumazo, como quien extirpa quirúrgicamente un tumor, es tener un pensamiento mágico al respecto, como si el sistema de paz transicional aprobado fuese un varita mágica, aun si cuenta con diez años para hacer el esperado milagro. Una aspiración reforzada por la ilusión de una “justicia express” alimentada en estos tiempos del reino de lo inmediato y de la siniestra ideología de la llamada postverdad, que busca desplazar la realidad fáctica con una pseudo verdad elaborada a la medida de los intereses ideológicos, políticos, económicos u otros de quien o quienes la elaboran y difunden.

Hecha esta advertencia, analicemos someramente la importancia de alcanzar la “verdad verdadera” de nuestra violenta realidad, que solo podrá superarse si la conocemos pero no a partir de versiones construidas por poderosos intereses tanto de izquierda como de derecha, que ambos existen. El drama para Colombia sería que la verdad a secas fuese sustituida por una postverdad de uno u otro signo ideológico. El único interés válido es el de la Nación en su conjunto, no el de sus partes en su afán de endilgarle a la otra la responsabilidad de nuestro largo calvario. Se trata de conocer lo que sucedió y como sucedió, para empezar a sanar tanta herida y dejar atrás tanta sinrazón. Solo conociendo realmente lo sucedido será posible hacer realidad lo de “nunca más”.

Es importante mencionar al menos tres razones sobre la necesidad de esa verdad. Ante todo porque permite que en menor o mayor grado podamos los colombianos ponernos en paz con nuestras conciencias personales y democráticas, seriamente perturbadas por la injusticia, inhumanidad y aún crueldad de lo vivido; hechos que despojaron a la sociedad y aun a nuestras vidas de su dignidad, abriéndole el camino a la pérdida del respeto a un orden social e institucional debilitado y deslegitimado, que día a día es pisoteado en la cotidianidad de nuestras vidas; con ello se le facilitó la entrada a una corrupción que terminó por volverse generalizada, no circunscrita a hechos aislados sino sistémica, presente en el conjunto del comportamiento y las relaciones sociales, pues hasta las más sencillas llevan, aunque sea tenuemente, el inri del comportamiento corrupto. Reconocer y asumir esa verdad se convierte en un verdadero ritual de purificación no solo respecto a la memoria y al duelo que la acompaña, sino hacia el futuro, al permitirnos dejar de lado tanto lastre que impediría un renacer de la sociedad, en la cual los conflictos sean por lo que pasa y no por lo que pasó.

En segundo lugar, conocer la verdad garantiza que no queden “esqueletos escondidos en el armario”, que llevarían a que los juicios de responsabilidad y las acusaciones de uno y otro lado siguieran indefinidamente, dando al traste con el necesario “nunca más”.

En tercer lugar, una búsqueda sesgada de la verdad, “políticamente orientada”, puede tener el efecto contrario al buscado y requerido, pues en vez de garantizar una significativa distensión del ambiente social, podría terminar enrareciéndolo aún más. Dado que ni la guerrilla triunfó y realizó la revolución, ni el Estado la derrotó militarmente, aunque el expresidente Uribe y sus numerosos seguidores afirmen lo contrario – ¿si será que de verdad lo creen? -, la justicia y la verdad no puede ser la de los vencedores, que no existen, sino las reclamadas por la sociedad como un todo, que se sitúa por encima de las diferencias y de la polarización ciudadana y de opinión que se tomó el escenario político y ahora amenaza con tomarse o al menos afectar la necesaria serenidad que debe acompañar la acción y las decisiones de la justicia especial.

Es un propósito necesario para abrirle paso a un futuro en donde el conflicto, propio de un cuerpo complejo y contradictorio como es toda sociedad, y ni decir de la colombiana, se pueda enfrentar de manera civilizada y respetuosa de la dignidad y de los derechos de las partes, con miras a solucionarlo o al menos a darle un manejo democrático. Sin embargo y a pesar de su necesidad, enfrenta enormes dificultades y riesgos.

El más grave es que termine en una cacería de brujas entre las partes parcializadas. Lo peor sería que acabáramos viviendo una nueva epidemia de “falsos positivos” pero en este caso no de supuestas bajas en combate sino de falsas acusaciones empleadas como instrumento de venganza del acusador respecto al acusado, para “sacar de la circulación” al rival, sea por cuestiones políticas, negocios o personales. El resultado sería el fracaso y burla de la justicia especial, pues ésta en vez de ser sanadora de nuestra enferma sociedad acabaría agravando el mal; polarizando en vez de reconciliando; abriendo o ahondando las heridas, en vez de cerrarlas.

Son riesgos reales en la Colombia actual, donde aún están “vivos y coleando” los actores del drama nacional y las heridas todavía sangran. La experiencia internacional sobre esas delicadas y excepcionales situaciones es muy dispar y no da una respuesta clara a una pregunta que en estos momentos es fundamental para el país, ¿El duelo facilitado por la verdad, debe ser previo o posterior a la reconciliación o al menos a la voluntad de reconciliarse, que en el país hoy no existe? ¿A la verdad se llega “de golpe” o como fruto de un proceso? En Colombia se ha escogido el primer camino que por lo dicho no será fácil de recorrer.

El ambiente que se respira, agitado por sectores tanto de derecha como de izquierda, es más de venganza que de voluntad o propósito de conocer la verdad y avanzar hacia unas condiciones que permitan la reconciliación. Para sectores importantes de la opinión, desconfiados del gobierno Santos y de lo que se acordó en La Habana, la negociación en general y la justicia especial en particular, son vistas como una imposición de las FARC; en la otra orilla de la polarización, la justicia especial es percibida más como un tribunal revolucionario para juzgar a “los enemigos del pueblo”, por lo cual temen que cualquier ingerencia del sistema judicial colombiano establecido, sea solo para proteger a quienes tuvieron responsabilidades directas con lo sucedido y/o se lucraron económica o políticamente con la violencia que ayudaron a desatar y a conservar.

De la justicia especial depende en buena medida el éxito de los Acuerdos en su propósito de superar la dinámica de la violencia, a partir de que los colombianos puedan conocer la verdad de los hechos, condiciones necesarias para avanzar a escenarios para el debate político y el quehacer ciudadano, donde imperen la ley, la razón y el respeto del otro en términos de su dignidad y derechos.

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